El viernes 21 de mayo, la Ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, visitó dos grandes proyectos que el Plan de Reparación Ambiental y Social lleva a cabo en la provincia de Sucumbíos como parte de la estrategia integral de reparación ambiental y social que contempla la compensación a las poblaciones afectadas por la contaminación producida por la actividad hidrocarburífera estatal.

Estos proyectos se constituyen en un aporte significativo en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la provincia. La señora ministra pudo conocer los avances que se llevan a cabo en el sistema de agua potable del cantón Shushufindi, el que se encuentra afectado por la contaminación hidrocarburífera en sus fuentes de agua.

Con un caluroso recibimiento por parte de la municipalidad, se contó los avances de la obra que estará concluida para finales del 2010 y permitirá dotará de agua segura a 17.000 habitantes con una vida útil estimada de 25 años. El Ministerio del Ambiente ha invertido en esta obra 3 millones 700 mil dólares de un costo total de 5 millones. Esta planta de tratamiento se encuentra en plena construcción y está concluido el 50% de la obra física. El financiamiento que hace falta para concluir la obra provendrá de un crédito del Banco de Estado que, actualmente, el Municipio de Shushufindi gestiona.

El otro proyecto que se tuvo la oportunidad de visitar fue la construcción de la Unidad de Diagnóstico Oncológico en Lago Agrio. El monto que el MAE ha invertido en este proyecto es de 1 millón 20 mil dólares y los beneficiarios potenciales son todos los habitantes de la provincia de Sucumbíos y Orellana que podrían presentar molestias relacionadas con el cáncer. Considerando que las afectaciones a la salud se dan principalmente por factores contaminantes, el Ministerio del Ambiente suscribió un convenio con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer SOLCA, para la construcción de esta Unidad, la que se constituye en la primera, especializada en el diagnóstico temprano de la Región Amazónica Ecuatoriana.

Se estima que la obra estará lista para ser entregada a la ciudadanía a finales de este año. Contará con alta tecnología y los implementos médicos necesarios. Al momento se están concluyendo las obras de colocación de pisos, puertas y mampostería, además, se avanza en la adecuación de vías internas, jardines, parqueaderos y drenajes.

Estas obras son partes de una serie de proyectos de reparación integral de pasivos ambientales y sociales, los que contemplan la reversión de la suma de daños ambientales y sociales que ha generado el responsable de determinada actividad, en cumplimiento de la Constitución de garantizar un ambiente sano y con el mejoramiento de la calidad de vida.

Como medida compensatoria a la población del cantón Shushufindi, afectada por la contaminación hidrocarburífera de sus fuentes de agua, para finales del 2010 contarán con un Sistema de Agua Potable que permitirá dotar a de líquido vital seguro a 40 mil personas.

Actualmente esta obra presenta un avance significativo. Está por concluir la instalación de la línea de conducción que conecte a la planta de tratamiento con la red actual de agua potable. La casa de químicos, desde donde se realizará el tratamiento del agua, está en la etapa de enlucidos y mampostería, mientras que se avanzan en la adecuación de suelos para la construcción de los presedimentadores. Se está construyendo una presa y realizando las adecuaciones al diseño para que se ajuste a las condiciones topográficas con la finalidad que sea un sistema eficiente y de larga duración.

Con el fin de brindar atención primaria a las poblaciones de la Amazonía Norte, está en construcción, en la ciudad de Lago Agrio, el Centro de Diagnóstico de la Unidad Oncológica, gracias al convenio suscrito entre el Plan de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente y SOLCA (Sociedad de Lucha contra el Cáncer).

Este Centro Hospitalario que será entregado a la comunidad en el mes de agosto del presente año, contará con alta tecnología para atención a las personas que padecen dolencias relacionadas con el cáncer, además de todos los equipos e implementos médicos necesarios. Al momento se están concluyendo las obras de colocación de pisos, puertas y mampostería, además que se avanza en la adecuación de vías internas, jardines, parqueaderos y drenajes.

La construcción de este Centro es fundamental debido al alto nivel de incidencia de cáncer que existe en el Distrito Amazónico, presumiblemente por la contaminación causada por las actividades petroleras. El Hospital de SOLCA de Lago Agrio será el centro de atención oncológico más grande y completo de la región.

El Plan de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente hizo la entrega de ocho sistemas de agua potable, con una inversión de $ USD 1´901.080,72, para comunidades Kichwa de las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Estos proyectos iniciaron con fondos de la ex cuenta CEREPS, con el fin de dotar de agua potable a las comunidades indígenas de la nacionalidad Kichwa de la Amazonía, como una medida de compensación social por la afectación sufrida como efecto de la contaminación producida por las actividades hidrocarburíferas estatales.

Los sistemas de agua potable, construidos con una proyección a 20 años incluyen las obras de captación, dos estaciones de bombeo, conducción, planta de tratamiento, tanque elevado metálico de reserva y red de distribución.

Estas obras benefician, en la provincia de Sucumbíos a las localidades Allipamba, Cuchapamba y Panduyacu, para un total de 768 beneficiarios; mientras que en Orellana se beneficiaron 2229 personas de las localidades de Huamayacu, Juan Montalvo, San Antonio, San Pablo y Toyuca.

La construcción de la segunda fase del proyecto de reubicación de hogares afectados por la actividad hidrocarburífera, iniciará el lunes 4 de enero con la llegada de las cuadrillas de constructores y el material a los terrenos de los 20 beneficiarios que han sido seleccionados.

El pasado lunes 14 de diciembre se firmaron las actas compromiso entre el Plan de Reparación Ambiental y las familias seleccionadas. Mediante este documento, el Ministerio del Ambiente a través del PRAS se compromete a entregar las casas con los materiales y diseño presentados, mientras que los beneficiarios brindarán las condiciones necesarias para su construcción, como la limpieza de los terrenos y la apertura de caminos desde las vías principales hasta el lugar de la construcción, entre otras.

Los terrenos que han sido puestos como contraparte por los beneficiarios cumplen con las condiciones técnicas necesarias para la construcción. De acuerdo al convenio firmado, luego de que hayan recibido la vivienda, la casa en la que habitan actualmente será desalojada y destruida, mientras que el terreno no podrá ser enajenado ni usado, debido a los altos niveles de contaminación que presentan y que es precisamente el motivo de la reubicación.

Las viviendas de las que se van a beneficiar han sido diseñadas en base a un estudio de las características ambientales, el tipo de construcciones de la zona, distribución del espacio, uso de materiales y consideraciones culturales. Una vez entregadas no podrán ser vendidas en un plazo de 10 años, por ser una medida compensatoria a la población.

La selección de beneficiarios se la realizó mediante estudios socioeconómicos y técnicos para establecer el grado de afectación que han sufrido las familias, siendo el tiempo de permanencia en la zona, la proximidad a fuentes de contaminación, los niveles de pobreza, los números de habitantes por casa, entre otros, criterios para su determinación.

A través del Plan de Reparación Ambiental y Social (PRAS), el Ministerio del Ambiente ejecuta el programa de reubicación de familias afectadas por la contaminación hidrocarburífera, del cual se ha ejecutado la fase inicial, se encuentra en proceso la segunda fase y se preparar una tercera etapa.

Para el efecto, el 25 de noviembre del año en curso, el PRAS adquirió un terreno de 7 hectáreas, en el Cantón Lago Agrio, donde se construirán unidades habitacionales para familias que tienen condiciones de vida más vulnerables por las afectaciones ambientales y sociales de las que son víctimas y que están relacionados a bajos niveles de producción, asociados con la falta de fuentes de empleo y pobreza creciente; graves afectaciones a la salud y a sus derechos sociales y culturales.

La reubicación de familias afectadas se enmarca en un proceso de compensación social, por las pérdidas sufridas por la población debido a estas actividades extractivas y se enmarca en un proceso integral de desarrollo que se irá articulando paulatinamente. De ninguna manera se concibe como un programa de vivienda.

Los beneficiarios son determinados en base a un riguroso proceso de selección, aplicada únicamente a la población que se ubica cerca de factores de riesgo por contaminación, que han sufrido afectaciones y que voluntariamente deciden reubicarse en otras áreas. Los criterios para su selección giran en torno a la definición e investigación en zonas críticas contaminadas, en función del lugar donde habitan, la infraestructura petrolera, las fuentes de contaminación, condiciones socioeconómicas, años de residencia en la zona, tipo de afectaciones y criterios ambientales que incluyen análisis de muestras de agua, suelo, sedimentos, entre otros.

El Plan de Reparación Ambiental y Social, del Ministerio del Ambiente, construye el Sistema de Información de Pasivos Ambientales y Sociales (SIPAS), que consiste en un conjunto de indicadores para identificar y valorar las pérdidas ambientales y sociales que permitan sustentar la política pública y la toma de decisiones acerca de las intervenciones de reparación de pasivos ambientales y sociales.

Este será un instrumento de acceso público, que permitirá a la ciudadanía en general el conocimiento de la realidad existente, y a investigadores y generadores de políticas públicas el análisis y definición de políticas acordes a la realidad.

El SIPAS es un sistema que permitirá la actualización permanente de la información relacionada con todas las actividades económicas: hidrocarburífera, minera, agroindustrial, textil, entre otras, que generan pasivos ambientales y sociales.

La primera fase, que estará concluida antes de finalizar el año, está orientada al registro de las actividades petroleras, específicamente las que se desarrollan en la Amazonía, en las áreas de operación de la empresa estatal petrolera, para lo cual se cuenta ya con el diseño del sistema, que incluye la propuesta metodológica para la construcción de los indicadores y el documento de las fichas metodológicas.

De igual manera se está desarrollando el diseño matemático y estadístico de los indicadores sociales y ambientales, que constituye el fundamento del Sistema Nacional, el mismo que estará listo en el mes de octubre del presente año.

Paralelamente se ejecuta la fase de caracterización de pasivos sociales y ambientales, para lo cual se está recopilando la información documental y se cuenta con una base de datos sistematizada de piscinas, pozos y derrames; registro de cumplimiento de la normativa vigente para análisis de aguas y suelos; recopilación digital de denuncias, convenios, acuerdos, actas, quejas, control, seguimiento ambiental; e inspecciones ambientales.

También se construye el inventario de las fuentes contaminantes para la sistematización y análisis de los pasivos sociales y ambientales generados por la actividad hidrocarburífera en el Distrito Amazónico. Esta información ha sido ordenada en una base de datos que permitió elaborar mapas de sensibilidad de zonas afectadas. Estos han sido construidos tomando en cuenta unidades territoriales, político administrativas y ambientales, con el uso del GIS, como herramienta. De este trabajo se ha determinado hasta el momento que las zonas más afectadas por la actividad hidrocarburífera son las parroquias San Carlos, Nueva Loja, Joya de los Sachas, Shushufindi, Dureno y Limoncocha.

El Plan de Reparación Ambiental y Social, del Ministerio del Ambiente, construye el Sistema de Información de Pasivos Ambientales y Sociales (SIPAS), que consiste en un conjunto de indicadores para identificar y valorar las pérdidas ambientales y sociales que permitan sustentar la política pública y la toma de decisiones acerca de las intervenciones de reparación de pasivos ambientales y sociales.

Este será un instrumento de acceso público, que permitirá a la ciudadanía en general el conocimiento de la realidad existente, y a investigadores y generadores de políticas públicas el análisis y definición de políticas acordes a la realidad.

El SIPAS es un sistema que permitirá la actualización permanente de la información relacionada con todas las actividades económicas: hidrocarburífera, minera, agroindustrial, textil, entre otras, que generan pasivos ambientales y sociales.

La primera fase, que estará concluida antes de finalizar el año, está orientada al registro de las actividades petroleras, específicamente las que se desarrollan en la Amazonía, en las áreas de operación de la empresa estatal petrolera, para lo cual se cuenta ya con el diseño del sistema, que incluye la propuesta metodológica para la construcción de los indicadores y el documento de las fichas metodológicas.

De igual manera se está desarrollando el diseño matemático y estadístico de los indicadores sociales y ambientales, que constituye el fundamento del Sistema Nacional, el mismo que estará listo en el mes de octubre del presente año.

Paralelamente se ejecuta la fase de caracterización de pasivos sociales y ambientales, para lo cual se está recopilando la información documental y se cuenta con una base de datos sistematizada de piscinas, pozos y derrames; registro de cumplimiento de la normativa vigente para análisis de aguas y suelos; recopilación digital de denuncias, convenios, acuerdos, actas, quejas, control, seguimiento ambiental; e inspecciones ambientales.

También se construye el inventario de las fuentes contaminantes para la sistematización y análisis de los pasivos sociales y ambientales generados por la actividad hidrocarburífera en el Distrito Amazónico. Esta información ha sido ordenada en una base de datos que permitió elaborar mapas de sensibilidad de zonas afectadas. Estos han sido construidos tomando en cuenta unidades territoriales, político administrativas y ambientales, con el uso del GIS, como herramienta. De este trabajo se ha determinado hasta el momento que las zonas más afectadas por la actividad hidrocarburífera son las parroquias San Carlos, Nueva Loja, Joya de los Sachas, Shushufindi, Dureno y Limoncocha.

Con la finalidad de despejar dudas sobre el programa de reubicación de hogares afectados por la actividad hidrocarburífera, los días lunes 30 de noviembre y martes 1 de diciembre, se desarrollaron dos reuniones con líderes y dirigentes comunitarios de los cantones con mayor afectación por esta actividad.

Las reuniones desarrolladas en Lago Agrio y El Coca permitieron mantener un contacto cercano con la población, explicar cuáles son los criterios para identificar una familia beneficiara y evitar la especulación por la difusión de información inexacta en las localidades.

La convocatoria se realizó de forma individual y personal para comprometer a los dirigentes a participar y evitar que se generen mayores expectativas en la población de las zonas de influencia del proyecto.

El Comité Consultivo independiente de expertos nacionales e internacionales convocado por el Ministerio del Ambiente para analizar el contexto del ataque con lanzas ocurrido el 10 de agosto en la comunidad de Los Reyes, provincia de Orellana, presentó hoy, el informe de su investigación que contiene, a su vez una serie de recomendaciones para la protección de los Pueblos Indígenas Aislados (PIA).

En este Comité participaron representantes de las principales entidades de protección de PIA de Brasil, Perú y Paraguay, así como del Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay (CIPIACI); junto a expertos nacionales. Un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos participó en calidad de observador.

Durante el trabajo de campo que iniciaron este lunes, los expertos visitaron viarias comunidades colonas y waorani, en las que entrevistaron a campesinos e indígenas, además de cumplir varias reuniones con autoridades locales y nacionales.

Las recomendaciones del Comité fueron presentadas a delegados de los ministerios que forman parte del Comité de Gestión Interinstitucional para la implementación de la Política Nacional de Protección de Pueblos Indígenas Aislados. Entre ellas están la suspensión del pozo petrolero aledaño al lugar del ataque, la revisión de las actividades productivas en la zona, así como la urgencia de la generación de una ley específica sobre Pueblos Indígenas Aislados.

Desde abril de 2008, el Ministerio del Ambiente trabaja con un Plan de Medidas Cautelares para la Protección de los Pueblos Indígenas Aislados, que realiza tareas de control y monitoreo de zonas donde existen indicios de presencia de PIA, o donde se presentan mayores presiones externas sobre sus territorios de uso ancestral, principalmente en la Zona Intangible Tagaeri-Taronenane (ZITT) y áreas aledañas.

En esa misma línea se ejecutan proyectos de desarrollo comunitario, redes de salud preventiva, control y detención de tráfico de madera, sistemas de comunicación entre las comunidades de la ZITT y áreas de influencia, y otros, con el fin de disminuir las presiones sobre los PIA.

La ciudad de Sacha, provincia de Orellana contará, para noviembre, con 7 plantas nuevas de tratamiento de agua, que estarán ubicadas en las localidades de La Bloquera, Oscar Romero, La Central, Santa Rita, Los Laureles, 25 de Diciembre y La Alborada II.

El proyecto de construcción de plantas de tratamiento de agua, que implementa el PRAS, nace de los resultados de laboratorio realizados a los pozos que abastecen de agua a la ciudad, que determinaron la existencia de sustancias tóxicas como plomo, metales pesados y otras aromáticas que generan malos olores. 1’035.145,54 de dólares han sido destinados para la construcción, que será coordinada por el PRAS y la Municipalidad de Joya de los Sachas, en base a los diseños aprobados que se ajustan a la normativa nacional e internacional para la eliminación de metales pesados del agua.

Al momento está en construcción la planta de La Bloquera y la ejecución delas 6 restantes está siendo contratada. Las plantas de tratamiento de agua constituyen actividades de remediación y compensación a la población afectada por la actividad petrolera estatal, debido a que la extracción hidrocarburífica genera una alta contaminación en suelo y agua.