“Metales pesados en organismos acuáticos de alto consumo humano”  fue el tema central de la charla de socialización que impartió el Dr. Willian Senior, investigador vinculado al proyecto PROMETEO de la Universidad Técnica de Machala, a autoridades del Ministerio del Ambiente.

Senior basó sus conclusiones en los estudios realizados en organismos marinos, lo que le permitió determinar la presencia de metales pesados en muestras tomadas en varias provincias, entre ellas El Oro.

A la exposición  que se llevó a cabo el 20 de agosto del 2015 en la Subsecretaría Marino Costera, ubicada en Guayaquil, acudió Juan Escorza, gerente del PRAS, y María Fernanda Amores, técnica del PRAS. Ambos funcionarios intervinieron para exponer las labores que realiza el PRAS  en cuanto a la implementación de la Política Pública de Reparación Ambiental en zonas afectadas por la presencia de daños ambientales no reparados o mal reparados. Ejemplos palpables del esfuerzo del Estado por reparar los daños ambientales son: el Plan de Reparación  Integral de la cuenca del río Puyango, la Metodología para la Elaboración de Planes de Reparación Integral  y el trabajo desarrollado en el marco del convenio de Monitoreo Ambiental, Salud, Sociedad y Petróleo en Ecuador (Monoil).

A la reunión también acudió Marco Enríquez, Subsecretario de Calidad Ambiental (e), quien manifestó el interés del Ministerio del Ambiente por continuar con la misión de cuidar el ambiente, apoyándose en la investigación científica.  

Con el objetivo de monitorear la calidad del aire en zonas de influencia de actividades mineras, un equipo de peritos ambientales del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente (MAE) se dirigió a la zona de San Antonio de Pichincha, al noroccidente de Quito, para colocar cuatro torres de muestreo que medirán la cantidad de polvo sedimentable que llega a los poblados de Santa Clara del Común, Catequilla, Tanlahua y Caspigasí.

Antes de la instalación de los equipos,  los técnicos del PRAS realizaron una inspección previa en la que se determinaron los puntos más adecuados para la ubicación de los dispositivos, tomando en cuenta la metodología establecida en la norma 1739-98 de la “American Society of Testing Materials” (ASTM).

Una de las condiciones para ubicar los puntos de muestreo es que no existan construcciones de más de tres metros de altura a 20 metros de los puntos de control. Tampoco deben registrarse actividades antrópicas.

El monitoreo tiene como objeto medir la cantidad de material particulado sedimentable en un período de tiempo determinado. En este caso, la medición se realizará cada 30 días durante cinco meses. Las muestras recolectadas serán enviadas mensualmente a un laboratorio acreditado en donde se podrán analizar los factores que determinen la calidad del aire de la zona.

Cabe destacar que este proceso cuenta con el apoyo de la comunidad de San Antonio de Pichincha que se ha comprometido con el cuidado y la seguridad de los equipos de muestreo.

El Ministerio del Ambiente, a través de sus programas y proyectos, fortalece la gestión de control de la contaminación del aire a nivel nacional.

Un equipo multidisciplinario del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE), llevó a cabo una inspección en las instalaciones de la concesión minera Fucusucu III ubicado en San Antonio de Pichincha, al extremo norte de Quito; con el fin de obtener información técnica del proceso de extracción, así como del plan de manejo ambiental que garantice un trabajo responsable en este campo.

Es así que técnicos del MAE realizaron un recorrido por el área de influencia para conocer el estado actual de la zona. Por su parte, el asesor técnico minero de la concesión Fucusucu III proporcionó datos sobre el costo y el tiempo en el que tienen previsto realizar las labores de estabilización y remediación de un talud de 120 metros de altura.

Mediante esta inspección se identificó la necesidad de que la concesionaria minera realice un diseño de estabilización del talud junto con el área minera contigua El Guabo; para lo cual, los técnicos del PRAS recomendaron realizar un levantamiento de información topográfica por hectárea para definir los costos de minado y operación, así como el avance diario de extracción minera.

Los datos obtenidos por el PRAS servirán para la elaboración de una propuesta de estabilización del talud y de remediación de las áreas afectadas por los trabajos mineros en el marco de los Lineamientos para la Restauración Subsidiaria de Pasivos Ambientales de Origen Minero en el Sector de San Antonio de Pichincha (Caspigasí, Tanlahua y Catequilla).

El Ministerio del Ambiente ejecuta constantemente inspecciones de control a los diversos proyectos mineros a nivel nacional; con el objetivo de velar por el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de notificar a los mineros que aún no cuentan con el respectivo permiso ambiental.

El Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente participó en el Seminario de Toxicología Ambiental, organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí.  A la cita, efectuada el 27 de agosto de 2015, en Portoviejo, acudieron cerca de 200 personas, entre alumnos y docentes de las carreras de ciencias químicas y exactas. El Seminario abordó la contaminación y la toxicología desde diferentes disciplinas.

José Luis Díaz, Director de Investigación para la Reparación integral del PRAS, asistió en  representación del Ministerio del Ambiente y presentó una ponencia sobre las afectaciones provocadas por Chevron-Texaco en la Amazonia ecuatoriana. Su presentación incluyó una reseña histórica de la operación hidrocarburífera de Chevron-Texaco en el Ecuador y los impactos ambientales generados por su gestión inadecuada.

Durante la conferencia expuso datos técnicos de las cuencas y microcuencas más afectadas, el número de piscinas contaminadas con residuos tóxicos, el estado actual de las fuentes de contaminación y pasivos ambientales generados por Chevron-Texaco, cuyo registro se encuentra en el Sistema Nacional de Información de la Reparación Integral SINARI, desarrollado por el PRAS.

Díaz aprovechó la ocasión para entregar a la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí un ejemplar del libro “Crónica de una barbarie impune, los últimos inocentes del planeta” y otro ejemplar del libro fotográfico “Sobrevivir”. Los textos fueron editados este año con el auspicio del Ministerio del Ambiente del Ecuador y narran la realidad de las familias que sufren las consecuencias de la contaminación  generada por las operaciones de Chevron-Texaco. 

Los asistentes escucharon con atención e indignación  la ponencia en la que se explicaba la manera en la que Chevron-Texaco operó en más de 300 pozos petroleros. La manera antitécnica con la que construyó piscinas, cavó fosas para ocultar los efectos de los derrames y cómo omitió la aplicación de políticas de cuidado hacia la población local.

El Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente  hizo la entrega 450 textos de la colección “Reparación Amazonía” a la organización conservacionista WWF, como un aporte para la formación de los agricultores de la región amazónica, interesados en el desarrollo de técnicas agropecuarias, de conservación forestal y de biodiversidad.

Cada colección “REPARACIÓN Amazonía” está integrada por tres libros “¿Cómo podemos mejorar la finca cafetalera en la Amazonía?”, “Planificación agroforestal de fincas, manual para familias productoras” y “Buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad en fincas ganaderas”.  Estos libros sirvieron como herramienta didáctica para los finqueros ubicados en la parroquia de Pacayacu, quienes participan en el Proyecto PRAS Manejo Integrado a Escala de Paisaje para mejorar el manejo agroproductivo de fincas afectadas por la presencia de pasivos ambientales, causados por los procesos de extracción petrolera en Sucumbíos. 

Según Jorge Rivas, Coordinador Nacional del Programa de Bosques  de WWF Ecuador, los libros que entregó el PRAS se destinarán a ciudadanos residentes de la cuenca media y baja del río Pastaza. Uno de los principales problemas de esas zonas es el uso de agroquímicos para el cultivo de frutales, así como la explotación intensiva de papa china. Desde este año algunos finqueros han decidido unirse al proceso encabezado por la WWF y que busca mejorar sus procesos de producción, pero también aportar a la conservación y restauración de los bosques amazónicos.

Este esfuerzo mancomunado e interinstitucional refleja el compromiso del PRAS para generar productos prácticos para la capacitación de la ciudadanía.

El 26 y 27 de agosto del 2015 se realizaron dos talleres participativos de cartografía socioambiental en dos comunidades pertenecientes al Distrito minero de la cuenca del río Puyango: el barrio Ortega (cantón Zaruma Portovelo) y la comunidad Puente de Buza  (cantón Atahualpa).

El objetivo de estas actividades fue conocer las principales afectaciones producidas por la minería  en esas zonas. Previamente, se realizaron todas las gestiones con los representantes de las comunidades, en colaboración con  la consultora Ambienconsul. Además, se entregaron convocatorias y se adecuaron los espacios físicos para los talleres.

Al taller de Ortega acudieron 40 personas, mientras que al Puente de Buza asistieron 30 personas de todas las edades.

Los talleres de cartografía socioambiental que organizó el PRAS se realizaron en el marco de la construcción del Catastro Nacional de Pasivos Ambientales. La metodología que se aplicó fue diseñada para diagnosticar los cambios territoriales de las comunidades inmersas en el Distrito Minero de la cuenca del río Puyango.

El Ministerio del Ambiente a través del Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS, participó en el Seminario de Toxicología Ambiental este jueves 27 de agosto del 2015 en Portoviejo, provincia de Manabí. El evento organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí congregó a 200 asistentes, entre alumnos y docentes, de las carreras de ciencias químicas y exactas. El Seminario dio a conocer información interdisciplinaria de contaminación y toxicología.

José Luis Díaz, Director de Investigación para la Reparación integral del PRAS, representó al Ministerio del Ambiente y presentó una ponencia sobre las afectaciones provocadas por CHEVRON-TEXACO en la Amazonia ecuatoriana. Su presentación abordó una reseña histórica de la operación hidrocarburífera de CHEVRON-TEXACO en el Ecuador y los impactos ambientales generados por su gestión inadecuada. La conferencia expuso datos técnicos de las cuencas y microcuencas más afectadas, el número de piscinas de residuos tóxicos, el estado actual de las fuentes de contaminación y pasivos ambientales generados por CHEVRON-TEXACO, información producto del Sistema Nacional de Información de la Reparación Integral SINARI, desarrollado por esta Cartera de Estado a través del PRAS.

Además se realizó la entrega a la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, de un ejemplar del libro “Crónica de una Barbarie Impune, los últimos inocentes del planeta” del periodista Esteban Michelena y del libro “Sobrevivir” del fotógrafo Juan Diego Pérez, obras que detallan la huella de contaminación que dejó CHEVRON-TEXACO durante su operación en el país.

CHEVRON-TEXACO operó en más de 300 pozos petroleros. Como parte de sus operaciones, construyó piscinas de manera antitécnica, cavó fosas para ocultar los efectos de los derrames, y omitió la aplicación de políticas de cuidado hacia la población local. En pequeños, medianos y enormes orificios abiertos en la tierra, se depositó crudo, aguas de formación, y desechos de producción. Muchas de las piscinas construidas por Texaco fueron cubiertas con capas de tierra (por lo que puede ser difícil evidenciar directamente la presencia del hidrocarburo), otras, en cambio, han permanecido abiertas desde que la compañía las operó.

Este lunes 27 de julio el Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) fue partedel evento simbólico “Yo dejo huella”, una iniciativa propuesta por el Ministerio del Ambiente que busca promover las buenas prácticas ambientales en todas sus oficinas.

 

La implementación de este plan se desarrollará a través de actividades de motivación e información para que los funcionarios adopten acciones amigables con el ambiente en sus hábitos y comportamientos dentro de sus lugares de trabajo.

 

El lanzamiento de este reto colectivo se realizó por medio de un acto simbólico en el que  los miembros del Comité de Buenas Prácticas Ambientales del PRAS dibujaron en una gran tela blanca el tronco de un árbol con largas ramas. Posteriormente, todos los compañeros metieron sus manos en pintura de color verde para colorear las hojas del árbol. Al dejar sus huellas en la tela ratificaron su compromiso de participar y cumplir con las actividades a favor del ambiente.

 

Algunas de las acciones que se implementará en PRAS son:

-       La clasificación de desechos sólidos: se entregará a cada oficina un botellón para reciclar pilas, cajas de cartón para reciclar botellas plásticas y una maceta para reciclar desechos orgánicos.

-       La reducción de consumo de energía eléctrica:el Equipo Informático configurará los computadores en ahorro de energía. Se dará preferencia al uso de luz natural. Se apagará los equipos informáticos en períodos de inactividad prolongados.

-       Todos los términos de referencia para las adquisiciones tendrán un apartado que determine buenas prácticas ambientales que los proveedores tendrán que adherirse para cumplir con el contrato. 

16 funcionarios del Equipo Técnico Yasuní del Ministerio del Ambiente obtuvieron las licencias para el pilotaje de drones de última tecnología. Antes de obtener sus certificaciones tuvieron que pasar por un proceso de capacitación de cinco días y manejar los equipos noche y día, soportando la variabilidad de las condiciones climáticas de la Amazonía.

 

Las pruebas de manejo de los vehículos no tripulados se efectuaron en el bloque 31 del Parque Nacional Yasuní (PNY), entre el 29 de junio y el 3 de julio, y en diferentes condiciones, para poner a prueba las características del aparato. Una vez capacitados, los funcionarios rindieron pruebas escritas y prácticas.

 

Los drones Skyranger tienen la capacidad de elevarse hasta 450 metros y mantenerse a una distancia de hasta de tres kilómetros de la base. Además, cuentan con el sistema “streaming” con el que se puede dar seguimiento desde Internet en tiempo real de las imágenes y videos captados por medio de tres tipos de cámaras, las cuales se pueden intercambiar. Desde los drones es posible hacer grabaciones en alta definición y con un zoom de 30x. También existe la opción de grabar con cámara infrarroja o térmica.

 

La obtención de los aparatos, así como la capacitación del personal técnico que trabajo en el PNY favorecerán el trabajo de monitoreo, control, investigación y comunicación que realiza el MAE en el Área Protegida.

El parque Central de Francisco de Orellana (El Coca) se llenó de alegría y entusiasmo el viernes 24 de julio, por las celebraciones del 36 aniversario de creación del Parque Nacional Yasuní (PNY).

 

Los festejos arrancaron a las 09:00 con la inauguración de la feria ambiental en la que intervino Javier Torres, Coordinador del Equipo Técnico Yasuní. Durante su discurso frente a la ciudadanía destacó la importancia de celebrar el cumpleaños del área protegida más grande de Ecuador continental.  “El Parque Nacional Yasuní se creó con la firme intención de mantener inalterada una muestra representativa del bosque húmedo tropical y conservar el área como un laboratorio natural para las investigaciones y así brindar oportunidades para el conocimiento. Nosotros como Ministerio del Ambiente tenemos el deber de velar porque estos objetivos se hagan realidad y lo estamos haciendo.”

 

Desde los stands informativos que conformaron la feria, los técnicos que trabajan en el PNY explicaron a la ciudadanía la gestión que realiza el MAE, a través de los programas de: Control y Vigilancia, Monitoreo de la Biodiversidad, Investigación, Turismo, Comunicación y Educación Ambiental. Los asistentes pudieron presenciar exposiciones, demostraciones de vuelos del Drone y atendieron a la explicación de los métodos de monitoreo de flora y fauna. También se llevaron a cabo actividades lúdicas para los más pequeños, como obras de teatro y caritas pintadas. Estas actividades que se llevaron a cabo hasta las 17:00 permitieron que los habitantes de El Coca se enteren del trabajo que se realiza en pro de la conservación del Área Protegida.

 

A partir de las 18:00 en el mismo parque inició la velada cultural con la presentación de la banda de la Brigada Napo del Ejército Nacional. Además, el público se deleitó con la participación de los grupos AwaikirAquigna, KichwaKallari, Sensación Amazónica y Curumbao.

 

Durante la velada se presentó un video-entrevista con Alonso Jaramillo (ex Jefe del PNY) y José Narváez (actual Jefe del PNY), quienes explicaron la diferencia del manejo del PNY en antiguas administraciones y en la Administración actual, a cargo de la Ministra Lorena Tapia. Según José Narváez: “los esfuerzos del Estado por mejorar las condiciones a favor del Yasuní han  marcando un antes y un después en la gestión del MAE y han demostrando los avances concretos que la ciudadanía sabe valorar”.

 

La ciudadanía pudo disfrutar del festejo en honor al NY hasta las 22:30. 

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Bolívar remitió la sentencia del juicio penal No. 2015 – 0004, instaurado meses atrás como respuesta a la denuncia presentada por el Ministerio del Ambiente después de un operativo que se realizó el 22 de enero de 2015 para combatir la minería ilegal, en la parroquia Santa Rosa de Agua Clara, cantón Chillanes, en la provincia de Bolívar.

 

De acuerdo a la investigación y evidencias presentadas por el Juez de la Unidad Judicial Penal del cantón Chillanes, son seis personas las implicadas en el delito contra el medio ambiente.

 

Este 13 de julio se realizó la audiencia de juicio en  la que el Tribunal dispone en la sentencia que los autores del delito deberán realizar trabajos comunitarios para el Ministerio del Ambiente por diez horas a la semana. También deberán asistir a un programa de educación ambiental de no menos de treinta horas en total.

 

De acuerdo al informe técnico presentado en el juicio la valoración del daño ambiental es de  63.676,54 USD. Los acusados tienen un plazo de dos meses para presentarle al PRAS un Plan de Remediación y Reparación Ambiental del área afectada por ellos, el mismo que deberá ser ejecutado por los acusados y supervisado por el PRAS-MAE;  todo esto sobre la base del Informe de Valoración de Pasivos Ambientales presentado dentro del juicio como prueba del MAE.

 

Además, como parte de la reparación integral se dispone que los sentenciados pidan disculpas públicas a la comunidad, a través de una publicación en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia de Bolívar.

 

Si los sentenciados incumplieran cualquiera de las condiciones impuestas o transgreda el plazo pactado, el Juez de Garantías Penitenciarias ordenará inmediatamente la ejecución de la pena privativa de libertad por un período de 18 meses. 

El Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente se encuentra desarrollando el Catastro Nacional de Pasivos Ambientales de las actividades mineras y petroleras. Esta información permite la obtención de datos sobre las fuentes de contaminación que generan pasivos ambientales porque afectan al ecosistema, agua, suelo, aire y a las poblaciones cercanas.

 

Con el levantamiento de la información que tiene a su cargo el PRAS se determina cuántas fuentes de contaminación existen vinculadas a las actividades mineras e hidrocarburíferas y también se establecen las características ambientales y ecológicas de dichas fuentes.

 

Por ejemplo, se Recopila información del componente físico ambiental (dimensiones de la fuente de contaminación), del componente biótico (ecosistema(s) donde se encuentra la fuente de contaminación, biodiversidad existente) y del componente social (presencia de familias, poblados, escuelas, centros de salud, etc.).

 

Esta información es clave para la toma de decisiones entorno a la aplicación de la Política Pública de Reparación Integral, cuya premisa es “quien contamina paga”. Además, el Estado actuará de forma subsidiaria cuando se trate de restaurar los ecosistemas afectados por agentes económicos. Pero de la misma forma tiene la obligación de exigir a los operadores causantes del daño ambiental  a que realicen todas las acciones pertinentes para lograr la reparación ambiental de la zona afectada.