El jueves 05 de septiembre de 2019, perito del PRAS junto con personal de la Fiscalía Provincial de Sucumbíos, UPMA, laboratorio ANAVANLAB y representantes de la operadora ANDES PETROLEUM, realizaron un peritaje ambiental para determinar si se ha generado un daño grave al suelo, debido a un derrame de crudo ocurrido en las instalaciones de la Planta de Generación Eléctrica (MFP), Power Plant y Topping Plant del Bloque 62 – Tarapoa, localizado en el cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos.

Acorde a lo manifestado por el personal de ANDES PETROLEUM durante la inspección pericial, ciudadanos ajenos a la operadora ingresaron a sus instalaciones y procedieron a abrir una válvula de 2”, lo cual generó un derrame de aproximadamente 70 barriles de crudo.

Con este antecedente, el perito del PRAS realizó un recorrido por las instalaciones y zonas que se vieron afectadas por el evento, para registrar las coordenadas de los hallazgos que se identificaron. Adicionalmente, a través del personal del laboratorio acreditado ANAVANLAB se colectaron cinco (5) muestras compuestas de suelo para su análisis respectivo y posterior interpretación.

El miércoles 04 de septiembre de 2019,  un perito del Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS  junto con personal de la Fiscalía Provincial de Sucumbíos, Unidad de Protección del Medio Ambiente UPMA y representantes de la operadora TECPETROL, realizaran un peritaje ambiental para determinar si se ha generado un daño grave al suelo, debido a un derrame de crudo suscitado en el pozo “RAYO ER1d” del Bloque 49, campo Bermejo, localizado en el cantón Cascales de la provincia de Sucumbíos.

Debido a que este derrame se suscitó en octubre de 2018, el perito realizó un recorrido por las áreas que fueron afectadas por este evento, con el fin de verificar si existían residuos del crudo derramado. Al respecto, en ninguno de los lugares inspeccionados se identificó de forma visual la presencia de residuos del hidrocarburo, tanto en los cuerpos de agua aledaños como en la vegetación circundante.

Cabe mencionar que por información proporcionada por parte del personal de la operadora TECPETROL durante la inspección pericial, en febrero de 2019 esta entidad remitió al Ministerio de Ambiente la evaluación final sobre el programa de remediación aplicado.

El perito se encuentra elaborando los informes periciales correspondientes a esta experticia, mismos que serán remitidos a la Fiscalía solicitante para los fines legales pertinentes.

El perfil profesional de la nueva gerente general  del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS). 

Este miércoles  24 de julio del presente año se dio la presentación oficial por parte de la Ing. Alexandra Villena Directora de Talento Humano del Ministerio del Ambiente a todo el personal del Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS  a la  Ab. María Gabriela Dávila Cueva, en calidad de nueva autoridad.

El perfil profesional de la nueva autoridad, la muestra como Abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas por la pontifica Universidad Católica del Ecuador,  cursó el Programa de Desarrollo Directivo en el Instituto de Desarrollo Empresarial IDE Business School y la Universidad de los Hemisferios, así como también el programa avanzado de derecho Procesal Administrativo, es egresada de la especialización Superior en Derecho de la Empresa, en la Universidad Andina Simón Bolivar. Tiene una amplia trayectoria profesional en el sector público y privado.

Entre los cargos mas destacados se ha desempeñado como Jefe de Seguimientos de Procesos Contractuales Enfarma en Liquidación EP, Directora Ejecutiva de la Unidad Regula Tu Barrio, en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Asesora Jurídica del Viceministerio de Ambiente, Asesora Interinstitucional del Registro de la Propiedad de Quito, Asesora Jurídica  de la Presidencia Ejecutiva de Banco Capital, Experta en Cesión de Cartera IESS-BIESS del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). En la actualidad socia de SMARTLEX.

El personal del Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS le desea éxitos en sus delicadas funciones.

• Ocho lugares fueron inspeccionados por peritos ambientales, técnicos y miembros de la Policía Nacional.
• En el lugar se identificó pérdida de biodiversidad y posible afectación a recursos hídricos y suelo.

Imbabura.- Peritos del Programa de Reparación Ambiental y Social, del Ministerio del Ambiente, junto con personal de la Dirección Provincial de Ambiente de Imbabura y de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional, desarrollaron una inspección interinstitucional enfocada en determinar el daño ambiental generado por las actividades de minería ilegal en el sector La Merced de Buenos Aires, cantón San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura.

Los técnicos realizaron un recorrido por ocho lugares, en los cuales se encontraron bocaminas abandonadas y sacos de yute con el material mineral extraído. Por otro lado, en las plantas de beneficio, se encontró: generadores, campamentos, combustibles, tanques y sacos de diferentes químicos (ácido nítrico, bórax, cianuro de sodio), molinos de bolas, cilindros amalgamadores, tanques de cianuración, entre otros.

Asimismo, se logró identificar las afectaciones ambientales generadas por estas actividades ilícitas como: pérdida de cobertura vegetal, pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, afectación paisajística y posible afectación a los recursos agua y suelo por el manejo antitécnico de combustibles y químicos.

El Ministerio del Ambiente trabaja en la elaboración de un informe técnico que será entregado a la Fiscalía General del Estado para continuar con las acciones correspondientes para garantizar la protección de los recursos naturales del país.

Unidad de Comunicación

Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente

Un juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, sentenció a un ciudadano con una pena privativa de libertad de cuatro meses y una multa de cuatro salarios básicos unificados (USD 1.182,00), por la siembra de plantas empleadas para extraer sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

El 07 de junio de 2019, un perito biólogo del Programa de Reparación Ambiental y Ministerio del Ambiente (MAE – PRAS), recibió por parte de personal de la Unidad Antinarcóticos de la Subzona de Sucumbíos, muestras botánicas que presuntamente pertenecerían a la especie Erythroxylum coca, para que se realice su identificación.

De los análisis taxonómicos realizados a la muestra colectada por el perito, incluyendo la comparación de la misma con muestras del Herbario Nacional del Ecuador, se concluyó que la misma pertenece a la especie Erythroxylum novogranatense, conocida como “coca peruana”, y que es una de las dos especies de la familia Erythroxylum de la cual se extrae cocaína.

En la audiencia de juzgamiento que se llevó a cabo este miércoles 12 de junio de 2019, el presunto responsable se acogió a un proceso abreviado, conocido como suspensión condicionada, asumiendo la responsabilidad del delito imputado; por lo cual, el juez a cargo del caso dictaminó las medidas pertinentes contempladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), incluyendo la destrucción de las plantas decomisadas, por parte de la Policía Antinarcóticos de Sucumbíos.

En el Artículo 222 del COIP, se establece que la persona que siembre, cultive o coseche plantas para extraer sustancias que por sí mismas o por cuyos principios activos van a ser utilizadas en la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con fines de comercialización, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Unidad de Comunicación

Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente

• La decisión de la jueza establece dos años de prisión, una multa de 10 salarios básicos unificados y el pedido de disculpas públicas en un medio nacional como medida de reparación integral, para el ciudadano japonés que quería transportar invertebrados (arácnidos e insectos) de Ecuador a su país sin autorización.

Este jueves 9 de mayo la Dra. Paulina Sarzosa Guerra, jueza de la Unidad de Garantías Penales con competencia en Infracciones Flagrantes de Quito, declaró culpable al ciudadano japonés Hirokazu S., por el delito contra los recursos del patrimonio genético nacional, numeral 1. En marzo pasado, dicho ciudadano fue detenido en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, en posesión de 248 especímenes entomológicos (entre arácnidos e insectos), que no contaban con autorización. Entre las especies identificadas se encontraban 5 especies endémicas, así como individuos vivos (arañas y escorpiones), según lo determinaron los análisis realizados por peritos del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) y otros expertos en Biología durante la fase investigativa de este proceso.

Al haber cometido este delito, que se encuentra tipificado en el Art. 248 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el sentenciado deberá cumplir con una pena de 2 años de prisión, pagar una multa de 10 Salarios Básicos Unificados (SBU) y pedir —como medida de reparación— disculpas públicas a través de un diario de circulación nacional. La sentencia entrará en vigencia a partir de su notificación.

El pasado 25 de abril de 2019 fue publicado, en el  Boletín N.º 301 de Fiscalía Informa, un artículo llamado “Expertos en biología testificaron en el juicio directo contra ciudadano japonés”, en el que se hizo una reseña de la participación del perito del PRAS, Lcdo. Paulo Guerra Valverde, y otros expertos en Biología. Dichos profesionales identificaron especies como arañas, escorpiones, cucarachas, insectos de hojas, escarabajos, avispas, abejas, chinches, perros de agua y mariposas.

Unidad de Comunicación-Unidad de Peritaje

Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente

El Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente manifiesta su disposición de participar, con su bagaje de experiencias obtenidas en el campo de la reparación integral durante más de una década, en el espacio de trabajo del Acuerdo Nacional Ecuador 2030, que se enmarca en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas.

Entre los temas a tratar en las mesas de trabajo están Sostenibilidad y cambio climático; Educación; Seguridad Social; Competitividad, innovación y generación de empleo; Democracia y reforma; No Violencia y prevención de adicciones; y Seguridad ciudadana.

Las directrices que se definan en este espacio multisectorial decidirán la agenda política del próximo decenio. El evento de presentación se realizó este lunes 6 de mayo en el Parque Bicentenario, ante 1.500 personas aproximadamente.

Unidad de Comunicación

PRAS MAE

El perfil profesional de la nueva autoridad del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) describe interés por la economía, el desarrollo y la gerencia empresarial. 

Este jueves 2 de mayo fue presentado por el Subsecretario de Calidad Ambiental, Carlos Velasco, a todo el personal del PRAS en las oficinas en Quito el Econ. Fernando Hinojosa, en calidad de nuevo gerente general.

Entre los estudios superiores de la nueva autoridad figuran Economía en la Universidad Central del Ecuador, una Maestría en Seguridad y Desarrollo en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, y una Maestría en Gerencia Empresarial en la Escuela Politécnica Nacional. Tiene una amplia trayectoria profesional en empresas públicas y privadas, y los cargos más destacados son:

• Presidente de FEDHIN, Consultoría & Negocios, desde 2005 hasta la actualidad.
• Profesor de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, desde 1984 hasta 2015.
• Director Principal de la Compañía de Economía Mixta “AUSTROGAS”, de enero a septiembre de 2006.
• Varios cargos en Petrocomercial, tales como gerente Regional Norte, Jefe de Unidad Abastecedora, Asesor Financiero, Jefe de la Unidad de Finanzas (entre 2003 y 2006).
• Gerente financiero de TRANSELECTRIC, de 1999 a 2001.
• Varios cargos en INECEL (1988-1999): Director ejecutivo de Finanzas, Delegado Principal a Junta de Accionistas en las Empresas Eléctricas, Jefe de la División de Administración de Créditos, Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
• Delegado Principal a Junta de Accionistas en las Empresas Eléctricas en representación de INECEL, de 1995 a 1999.
• Director Principal de la Empresa Eléctrica El Oro S. A., de 1994 a 1995.
• Coordinador financiero del Proyecto Central Térmica Trinitaria (1994 -1998).

Además se destacan en su hoja de vida las representaciones como presidente de la Asociación de Economistas de INCECEL-ADEI (1984, 1985, 1986, 1992 y 1993); coordinador técnico del Subcomité de Finanzas, Administración y Negocios (SUFAN) de la Comisión de Integración Eléctrica Regional CIER en Santiago de Chile, en septiembre de 1998, y en Cusco en Perú, en octubre de 1996; entre otras.

El personal del PRAS le augura éxitos en sus gestiones y agradece a su gerente saliente, la Lcda. Saskya Lugo.

Unidad de Comunicación

Programa de Reparación Ambiental y Social-Ministerio del Ambiente

En el marco de un juicio contra un ciudadano japonés, por transportar sin permiso insectos, algunos de ellos endémicos del Ecuador, los peritos del PRAS aportan con sus conocimientos profesionales.

El trabajo en peritaje ambiental realizado por el Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) protagoniza un artículo titulado “Expertos en biología testificaron en el juicio directo contra ciudadano japonés”, en el Boletín N.º 301 de Fiscalía Informa, publicado el 25 de abril de 2019. Según consta en la publicación, el pasado 25 de abril el perito Paulo Guerra Valverde del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS), junto con otros profesionales expertos en Biología, rindieron su testimonio y proporcionaron información en un juicio seguido en la Unidad de Flagrancia en Quito contra el ciudadano japonés Hirokazu S., quien fue detenido el pasado 12 de marzo de 2019 en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito por transportar en su equipaje un grupo de 371 insectos, 248 de los cuales no tenían permiso de movilización. Entre los especímenes recuperados se encontraban especies endémicas del Ecuador, como los escarabajos tigre (cicindélidos) y la cucaracha lumínica o fosforescente. Además fueron encontradas insectos hoja, perros de agua, así como tarántulas y escorpiones que se encontraban vivos al momento del decomiso. Algo que destacaron los peritos y expertos en conjunto fue el profesionalismo con el que fueron empaquetadas las especies (uso de gel de sílice y acetona para su preservación), además del uso de “trampas de luz para insectos nocturnos, redes de mano y redes extensibles para los invertebrados de vuelo alto”. Este caso es procesado por la Fiscalía bajo el artículo 248 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), referente al acceso no autorizado a los recursos genéticos del patrimonio nacional que incluya o no componente intangible asociado. Puede informarse con más detalles en la publicación que se adjunta a este boletín de prensa.

Unidad de Comunicación

Programa de Reparación Ambiental y Social Ministerio del Ambiente

El Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente presentó, este miércoles, el informe de Rendición de Cuentas 2018. El evento que busca promover la participación social en las decisiones del Estado, se desarrolló con la presencia de representantes del cuerpo diplomático, instituciones públicas y privadas, organizaciones internacionales, investigadores, docentes y sociedad civil; que conocieron los avances del trabajo realizado durante el último sobre reparación integral de daños ambientales.

La subsecretaría de Calidad Ambiental, Carolina Zurita, ofreció las palabras de bienvenida al evento y en nombre del ministro, Marcelo Mata, ratificó el compromiso de la Autoridad Ambiental en seguir trabajando “para garantizar el derecho de la naturaleza a ser restaurada y para que las personas puedan vivir en un ambiente sano y equilibrado”.

Por su parte, Saskya Lugo, gerente del PRAS, realizó la presentación de los logros alcanzados por el programa en el 2018, entre ellos el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información de la Reparación Integral en el que se sistematizó más de 150 mil nuevos registros estadísticos e indicadores socioambientales de siete líneas de investigación, las de mayor alcance: hidrocarburos y minería metálica y no metálica.

Destacó también el trabajo que se llevó a cabo por el equipo especializado de peritos ambientales, “en el 2018 realizamos 18 peritajes ambientales a nivel nacional que han servido de evidencia para que los operadores de justicia dictaminen sentencias por delitos cometidos contra el ambiente y la naturaleza”.

Además, durante este último se desarrolló el monitoreo y seguimiento de los proyectos programados en seis planes de reparación integral, verificando que se cumplan acciones para beneficio de 456 mil habitantes de las provincias de El Oro, Loja, Guayas, Sucumbíos, Orellana, Cotopaxi, y Azuay.

Finalmente, Lugo informó sobre el apoyo que el PRAS brinda a la gestión del Parque Nacional Yasuní, “hemos contribuido al fortalecimiento de las acciones para combatir ilícitos ambientales; así como al seguimiento y control a las actividades hidrocarburíferas de desarrollan en los bloques 31 y 43”.

El trabajo realizado en el 2018 por el PRAS ha fortalecido la gestión ambiental en materia de reparación de daños por contaminación. El Ministerio del Ambiente continuará trabajando para que reparación integral sea una política de Estado en beneficio de la naturaleza de las comunidades.

Este 24 de septiembre, la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Cuyabeno, en audiencia de juzgamiento por delitos contra la flora y fauna silvestres sentenció con pena privativa de libertad de 3 años, una multa de entre 4 y 10 salarios básicos unificados y un pago de USD. 7000 por concepto de reparación integral a Luis F. y Luis O., implicados en el transporte de elementos constitutivos de dos caimanes negros, un pecarí y 76 especies de ictiofauna.  

Peritos del Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente, en atención a la solicitud de la Fiscalía Provincial de Sucumbíos, realizaron el análisis taxonómico del hallazgo que permitió identificar las especies y determinar si se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.

En la pericia se constató, a través del análisis ocular de las características morfológicas de la especie, la existencia de elementos constitutivos de dos caimanes negros, una hembra adulta de 3.5 metros de longitud y el tronco de un individuo juvenil de 1,50 metros aproximadamente. En el informe balístico se determinó que las especies fueron cazadas con escopeta.

La especie Melanosuchus niger, caimán negro, se encuentra en la categoría de Vulnerable (Vu) en la Lista Roja de reptiles del Ecuador, así como en el Apéndice II de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora Y Fauna Silvestres (CITES) que determina que el comercio debe ser controlado para la supervivencia de la especie.

Además, entre las pruebas que permitieron determinar la responsabilidad de los procesados constan los testimonios de los guardaparques quienes fueron informados que los sentenciados habían ingresado a la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno a realizar actividades de caza y pesca.

En el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal se establece que la persona que cace, capture, transporte, trafique o comercialice especímenes o sus elementos constitutivos que se encuentren amenazados o en peligro de extinción será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Hoy, la Unidad Judicial Penal de Tulcán, en audiencia de juzgamiento por delitos contra la flora y fauna silvestre sentenció con pena privativa de libertad de 1 año, una multa de 4 salarios básicos unificados y un pago de USD. 3860 por concepto de reparación integral al implicado por la comercialización de 10 colas de lobo de páramo o zorro andino.

El miércoles 23 de mayo, representantes de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional y de la Policía Judicial entregaron a los peritos del Programa de Reparación Integral y Social del Ministerio del Ambiente, 10 elementos constitutivos (puntas de cola) de lobo de páramo con el objetivo de realizar un análisis taxonómico que permita verificar la especie a la que pertenecen y determinar si se encuentra amenazada o en peligro de extinción.

Los biólogos especialistas realizaron una disección de las porciones de cola entregadas en cadena de custodia, en la que observaron vértebras, inserciones musculares y presencia de tendones, además percibieron un sutil olor característico del proceso de descomposición. De esta forma comprobaron que los elementos constitutivos no eran falsos.

Posteriormente, se verificó la coloración del pelaje de las evidencias decomisadas y se concluyó que los ápices de colas pertenecen a individuos de la especie Pseudalopex culpaeus que se encuentra en la categoría de amenaza de Vulnerable (VU), lo que indica que presenta una alta probabilidad de convertirse en una especie en “Peligro de Extinción” debido a la disminución de sus poblaciones, fragmentación de sus hábitats o la disminución en la distribución natural de la especie.

Esta tarde los peritos del PRAS asistieron a la Unidad Judicial Penal de Tulcán para dar testimonio de su informe pericial, estas evidencias permitieron al juez dictaminar  la sentencia a favor del cumplimiento y el respeto de los derechos de la naturaleza.

En el artículo 247 del Código Integral Penal se establece que la persona que cace, capture, transporte, trafique o comercialice especímenes o sus elementos constitutivos que se encuentren amenazados o en peligro de extinción será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

En el marco de las actividades desarrolladas por la Universidad Internacional SEK en conmemoración a los 25 años de Acción de la Biodiversidad, el Ministerio del Ambiente a través del Programa de Reparación Integral y Social (PRAS) ofreció una conferencia sobre reparación integral de daños ambientales y restauración de ecológica.

Nadia Rodríguez, rectora de la universidad dio la bienvenida al evento y resaltó la importancia de que el Estado ecuatoriano por medio de las instituciones públicas trabaje en la promoción de proyectos colaborativos junto a la academia para fortalecer la gestión ambiental del país de manera integral.

En la conferencia, profesores y estudiantes conocieron como se desarrolla el proceso de reparación ambiental en el país, Andrea Meza, coordinadora técnica del PRAS, explicó que la restauración integral busca que las condiciones del entorno natural y social vuelvan al estado anterior de la afectación ambiental a través de dos mecanismos: “la remediación y restauración de los ecosistemas; y la aplicación de medidas de compensación e indemnización para restablecer las condiciones de vida de poblaciones afectadas por daños ambientales”.

Los daños ambientales generados en el pasado por el desarrollo de actividades productivas se evidencian en deforestación, derrames de petróleo, contaminación de ríos, degradación de suelo, y afectaciones al bienestar de la población.

Para reparar estos daños y evitar que se repitan, el Ministerio del Ambiente trabaja en la construcción de la Política pública de reparación integral de daños ambientales con el propósito de orientar las acciones del Estado que permitan restituir los derechos de la naturaleza y de las condiciones de vida de las personas que han sido afectadas por el desarrollo de actividades productivas.

El Ministerio del Ambiente, a través del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS), realizó la socialización de la Política pública de reparación integral de daños ambientales, una herramienta de gestión estratégica que busca orientar la acción del Estado en cuanto a la reparación y restauración de espacios naturales que históricamente han sido afectados por el desarrollo de actividades productivas, así como garantizar el derecho a la población de vivir en un ambiente sano.

Jorge Jurado, subsecretario de Calidad Ambiental, dio la bienvenida al taller y agradeció la presencia de representantes de varias instituciones públicas, académicas y organizaciones sociales, además destacó la importancia de socializar la Política pública de reparación integral de daños ambientales de una manera amplia y participativa, tomando en cuenta a todos los implicados en la problemática y en la gestión ambiental del país.

“La sociedad ecuatoriana a través del Estado tiene que hacerse cargo de esta política y actuar de manera articulada para darle a la naturaleza el derecho a ser restaurada”.

José Luis Díaz, director técnico del PRAS, presentó las nueve políticas que constan en el documento, entre ellas, se exige que los responsables del daño y/o pasivo ambiental realicen la remediación y restauración de los componentes biofísicos del ambiente, y indemnicen y compensen a las personas afectadas por el desarrollo inadecuado de actividades productivas.

El Ministerio del Ambiente, por medio de la aplicación de esta política pública, propone la acción subsidiaria del Estado de los daños y pasivos ambientales de los que se no tenga identificados los causantes de la contaminación.

La socialización de la Política pública de reparación integral de daños ambientales inició en  Quito, y en las próximas tres semanas se prevé realizar los talleres en varias provincias a nivel nacional: Esmeraldas, Orellana, Guayas, Zamora Chinchipe, Galápagos. 

Más de cien estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, fueron capacitados por técnicos del Programa de Reparación Integral y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente, en metodologías para la realización de diagnósticos bióticos enfocados al análisis de la calidad de agua.

Con el objetivo de brindar a los alumnos un marco referencial de la normativa ambiental vigente, el taller inició con un breve repaso de los principales conceptos que explican qué es un daño ambiental, cómo se determinan delitos ambientales y cómo se aplica el proceso de remediación y reparación integral.

Posteriormente, Paulo Guerra, técnico del PRAS, expuso la metodología para el uso de macroinvertebrados como bioindicadores para determinar la calidad del agua en ecosistemas fluviales. "Las aguas dulces albergan una amplia variedad de formas de vida que presentan límites de tolerancia a diferentes condiciones ambientales, esto nos permite saber si los organismos se ven afectados por la cantidad de desechos que se encuentran en su hábitat", destacó.

Para Sebastián Yánez, catedrático de la Universidad Central, es importante que los estudiantes conozcan sobre entomología aplicada a las poblaciones de insectos que se encuentran en zonas agrícolas, "de esta manera fomentamos que las futuras generaciones de profesionales promuevan prácticas enfocadas al control biológico y al uso sustentable de macroinvertebrados como una alternativa de conservación, impulsando una producción agrícola amigable con el ambiente".

Por su parte, Karina Hernández, bióloga del PRAS experta en monitoreo biológico, agregó que aprender taxonómica de insectos acuáticos les ayudará a las alumnos a identificar qué pasa y cómo se afecta un hábitat natural cuando se implementa un cultivo, "la idea es que puedan determinar cómo fluctúan las poblaciones de insectos debido a la contaminación del agua, resultado del inadecuado manejo de cultivos".

Este proceso de capacitación se realiza en dos etapas, una teórica y otra práctica que se realizara el próximo 17 de enero en la Reserva Ecologica Mashpi, en donde se aplicarán los conocimientos adquiridos sobre el levantamiento de muestras de macroinvertebrados.

La Corte Provincial de Justicia de Napo dictaminó la sentencia de cinco años de prisión al ciudadano Francisco P. por haber cometido actividades ilícitas de recursos mineros en el sector Capirona, cantón Tena, provincia de Napo. El responsable del delito ambiental, que se encontraba prófugo de la justicia desde el 2015, además de cumplir con la pena privativa de la libertad, debe cancelar una multa de doce salarios básicos unificados y presentar un plan de reparación integral del sitio afectado.

En mayo de 2015, peritos del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente (MAE) realizaron una inspección ambiental para comprobar qué tipo de actividades mineras no reguladas estaban afectando al barrio San Luis, en la zona de Capirona; en el reconocimiento de evidencias se efectuó la toma de muestras de agua cuyo resultado determinó la existencia de afectación ambiental de los recursos agua, flora y fauna.

Adicionalmente, en el operativo que fue coordinado por la Fiscalía General del Estado y contó con el apoyo de técnicos de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, se constató el uso de dos excavadoras tipo hormiga, tanques de combustible y una clasificadora tipo Z; insumos que permitieron comprobar a las autoridades que en la zona se estaba llevando a cabo actividades mineras ilegales, delito que es penado por la ley de acuerdo al Artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El proceso judicial de este operativo determinó la responsabilidad penal de cuatro personas, desde entonces tres de ellas se encuentran cumpliendo la sentencia. Debido a que Francisco P. estaba prófugo de la justicia y fue recientemente capturado, se realizó la reapertura del caso y el Tribunal de Garantías Penales de Napo convocó el pasado mes de junio a una nueva Audiencia de Juzgamiento, en esta instancia un perito del PRAS rindió nuevamente la versión de lo sucedido y presentó su informe pericial. De esta manera la Corte Provincial de Justicia de Napo ratificó la sentencia establecida en 2015.

DATO:

Artículo 260 del COIP: Actividad ilícita de recursos mineros.- La persona que sin autorización de la autoridad competente, extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

En caso de minería artesanal será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si producto de este ilícito se ocasionan daños al ambiente, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

El equipo técnico del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio el Ambiente (MAE) realizó este 9 de mayo una capacitación sobre la metodología para evaluar los aportes del capital natural a la economía. El taller estuvo dirigido a las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay y a representantes de las unidades ambientales de varias instituciones públicas y privadas.

La realización de esta actividad se encuentra contemplada en el Plan de Reparación Integral de Tenguel – Camilo Ponce Enríquez, que fue socializado por el PRAS en el 2016, y tiene como objetivo recuperar la funcionalidad de los ecosistemas y la restitución de los derechos de las comunidades que han sufrido afectaciones por la presencia de pasivos ambientales en la zona, especialmente a causa de la minería.

La capacitación tuvo como objetivo que las autoridades municipales conozcan cómo se debe aplicar la metodología de valoración de bienes y servicios ambientales para promover la alternativa de conservar un remanente de bosque que se está ubicado en la parroquia, esto permitirá mitigar los efectos del calentamiento global mediante la captura de carbono, recobrar la dinámica socioeconómica del sector y enriquecer el capital natural del sur del país.

En el proyecto se tiene previsto que el PRAS contribuya con la realización de un inventario forestal, es decir una categorización para conocer qué tipo de bosque tiene el área de estudio y plantear una estrategia turística de conservación del patrimonio natural.

 Andrea Meza, técnica del PRAS que impartió la capacitación, manifestó que esta iniciativa es fundamental para conseguir, que a mediano y largo plazo, Camilo Ponce Enríquez dinamice su economía a través del reconocimiento y mantenimiento de bienes y servicios ambientales como una alternativa para generar recursos que benefician a la población, diversificando las actividades productivas que históricamente han estado relacionadas con la minería.

En el marco de la implementación del Subsistema Multidimensional de Estadísticas Socioambientales de Actividades Productivas (SIESAP), de la línea de investigación de recursos marino costeros, técnicos del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) mantuvieron varias reuniones de trabajo con representantes de la Estación Científica Charles Darwin, el Parque Nacional Galápagos y la Unión de Cooperativas Pesqueras de Galápagos.

El objetivo de estos encuentros fue coordinar con las diferentes instituciones el levantamiento de información para  generar estadísticas e indicadores socioambientales, relacionados al manejo y gestión de recursos marino costeros, específicamente sobre el cuidado y conservación del pepino de mar (Isostichopus fuscus).

Con los técnicos de la Estación Científica Charles Darwin se socializaron las diferentes metodologías para la recopilación de información, tomando en cuenta que la investigación de las especies se realiza de acuerdo a las prioridades de conservación. Cabe destacar que por su ubicación geográfica y por el sistema de corrientes oceánicas, el Archipiélago de Galápagos, es un área de estudio propicia para evaluar la variabilidad climática y la intensidad de sus efectos sobre el ecosistema marino. La Estación Científica proporcionó al PRAS información técnica sobre pesquería de pepinos de mar y documentos que tienen datos bióticos de la especie.

Además, el equipo técnico del PRAS se reunió con Lenin Morales, representante de la Unión de Cooperativas Pesqueras de Galápagos, con quien se abordó la situación actual y el funcionamiento del sector pesquero en las islas San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela.

Toda la información obtenida en las diferentes instituciones permite alimentar el SIESAP marino costero. Los datos son sistematizados y posteriormente almacenados en una plataforma web de acceso público. Las estadísticas de esta línea de investigación son parte del Sistema Nacional de Información de la Reparación Integral (SINARI) que facilita la gestión de pasivos ambientales en el Ecuador.

El Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente (MAE) realizó la entrega de dos picadoras de pasto al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial-Rural de Pacayacu. La donación se efectuó en el marco de un convenio de cooperación interinstitucional, que desde el 2014, viene articulando varias acciones a favor del proyecto “Manejo Integrado a Escala de Paisaje” que propone recuperar las funciones del ecosistema y  la cobertura vegetal de fincas  agro-productivas de la zona.

Estas picadoras facilitan el trabajo de los propietarios de las fincas que participan en el proyecto, el objetivo es fomentar la implementación de sistemas silvopastoriles y fortalecer el desarrollo de actividades agroproductivas amigables con el ambiente.

Las maquinas han sido utilizadas por los finqueros de manera rotativa desde el 2014, ahora que fueron donadas de manera definitiva, el GAD Rural-Parroquial de Pacayacu podrá planificar el uso de ambas picadoras para obtener un mejor aprovechamiento, dependiendo de las necesidades de cada área productiva.

El proyecto “Manejo Integrado a Escala de Paisaje” cuenta con varias líneas de acción. La primera se refiere a la implementación de sistemas agroforestales para mejorar tres sistemas productivos: café, cacao y pastos en función de las necesidades de cada productor. Se busca también la recuperación del suelo a través de la siembra de gramíneas combinada con leguminosas que sirven de alimento para al ganado y mejora rápidamente los aspectos físicos, químicos y biológicos del suelo. Además, en el 2016 se inició con la implementación de un corredor ecológico en la parroquia de Pacayacu que abarcan un territorio de 4.200 hectáreas, en una zona con presencia de pasivos ambientales generados por la actividad petrolera.

Todas estas acciones son parte de Plan de Reparación Integral del Distrito Amazónico que es gestionado por el PRAS y busca la rehabilitación de zonas afectadas por pasivos ambientales ocasionados por la actividad hidrocarburífera, a través de metodologías de restauración a escala de paisaje en la microcuenca del río Pacayacu.

Dos peritos biólogos del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente (MAE) participaron en una pericia de reconocimiento de fauna silvestre retenida en el cantón Arajuno, provincia de Pastaza. En la inspección se evidenció la recuperación de seis pecarís de collar (Pecari tajacu) y dos tortugas motelo (Chelonoidis denticulata).

En la evaluación de los pecarís, que se realizó en las instalaciones de la Policía Judicial del Puyo, los peritos observaron restos biológicos de los especímenes (cabezas y extremidades) que fueron clasificados y contabilizados de acuerdo a sus características anatómicas. El levantamiento de información junto al registro fotográfico determinó que el reconocimiento de los 43 restos biológicos corresponde a  cinco especies adultas y un juvenil.

Mientras tanto, a las tortugas motelo que fueron encontradas con vida, se las trasladó al centro de rescate “Zoo-refugio Tarqui” en donde recibieron atención veterinaria para comprobar su estado de salud, la valoración determinó que los dos individuos eran machos. Ambas tortugas estarán en observación por un tiempo y posteriormente serán reinsertadas en su hábitat natural.

Los insumos obtenidos en esta pericia servirán como pruebas en la audiencia de juzgamiento por delito contra la fauna silvestre que se llevará a cabo el próximo 19 de abril, y en la que se determinará la responsabilidad del ciudadano que fue detenido con las especies.

De acuerdo a la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador y el Libro Rojo de Reptiles del Ecuador, Apéndices CITES, en el Ecuador el pecarí de collar tiene la categoría de especie de Casi Amenazada (NT), mientras que el estado de conservación de la tortuga motelo es Vulnerable (VU).

El Ministerio del Ambiente ejecuta constantemente operativos de control a nivel nacional para contrarrestar el tráfico de vida silvestre en todo el país.