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MAE participó en socialización de manejo de franja de seguridad del Yasuní

Como parte de las reuniones de socialización que los delegados y delegadas de las 25 comunidades que habitan en la franja de seguridad del Parque Nacional Yasuní (PNY), personal del área protegida, de la Dirección Provincial del Ambiente de Orellana y del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente (MAE), compartieron el fin de semana un evento en donde se comunicó a los y las representantes las legislaciones ambientales vigentes en la zona.

La franja de seguridad comprende a las poblaciones que habitan en los 120 kilómetros de la vía Auca, límite occidental del área protegida, y zona de actividades productivas como la agricultura, ganadería, avicultura y piscicultura.

Así, el grupo conoció los beneficios que el programa Socio Bosque les puede brindar, al igual que parte del plan de uso y manejo del PNY, los controles forestales, la restauración forestal y los procesos para remediación de pasivos ambientales.

En este contexto, personal de la Dirección del MAE de Orellana explicó a las delegaciones la necesidad de reducir las emisiones de gases contaminantes, para lo cual resulta necesario mantener nuestros bosques con el menor impacto posible.

Ante ello, varios de los asistentes mostraron interés en el programa Socio Bosque, aunque una de las peticiones que realizaron es incrementar el valor de las compensaciones, que actualmente son de 30 USD por hectárea de vegetación inalterada. A cambio, la población se comprometió a trabajar en conjunto con el Ministerio del Ambiente para la protección de los ecosistemas presentes en sus comunidades.

En lo referente al Parque Nacional Yasuní, las comunidades piden que se aclare la frontera agrícola de la franja de seguridad, la cual hasta el momento ha sido respetada, sin embargo, varios representantes señalaron que es necesario resaltarla en campo para poder distinguirla mejor.

Asimismo, conocieron el proceso normativo para el manejo forestal sustentable y aprovechamiento de maderables, pues la zona registra un alto índice de tráfico de productos provenientes de la madera.

Un programa que el MAE prepara fue también presentado durante la socialización, el Plan Nacional de Restauración Forestal, que tiene como objetivo reponer las pérdidas de vegetación en conjunto con comunidades y pobladores beneficiarios. 

El Plan comprende las modalidades de regeneración natural, revegetación con especies nativas, franjas ecológicas y ecosistemas de uso sostenible, por medio de incentivos económicos; así, en Orellana recibirán 411,75 USD por tres años quienes opten por la primera opción, y 888,85 USD, 577,75 USD y 666,64 USD, respectivamente, quienes prefieran a las demás.

Por su parte, el Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) presentó su trabajo utilizando como ejemplo lo realizado desde 2008 en la parroquia Pacayacu, de la provincia de Sucumbíos, donde se aplicó un programa de remediación de pasivos ambientales en áreas afectadas por la explotación hidrocarburífera.

Allí se conformaron equipos interinstitucionales junto con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) y organismos del sector, a fin de que puedan recuperar estas áreas en beneficio de labores productivas.

Juan Escorza, director de Planeación de Reparación Integral del PRAS propuso al GAD cantonal de Puerto Francisco de Orellana trabajar en conjunto para la elaboración de un registro de los pasivos ambientales generados por la explotación petrolera ubicados en la vía Auca, a fin de iniciar con un proceso similar al de Pacayacu.

Esto generó mucha curiosidad en los y las asistentes, quienes pidieron mantener nuevas reuniones con la delegación del MAE, por lo cual está previsto que las cuatro entidades de esta Cartera de Estado se presenten nuevamente dentro de dos semanas para poder escuchar más consultas y observaciones de la población y brindarle nuevas alternativas de solución.

En estas socializaciones participan, además del MAE, los ministerios de Justicia y Agricultura, la Secretaría Nacional de Gestión Política y los GAD cantonales y parroquiales de Puerto Francisco de Orellana.

 

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