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Cinco proyectos buscan la reparación ambiental en zonas afectadas por pasivos ambientales en Azuay y Guayas

El Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente realizó este 26 y 27 de julio la socialización del “Plan de Reparación Integral de Tenguel – Camilo Ponce Enríquez”. El encuentro tuvo el objetivo de dar a conocer a las autoridades locales y a la sociedad civil los proyectos que el PRAS ha desarrollado, que aplicados a mediano y largo plazo, permitirán la recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas y la restitución de los derechos de las comunidades que han sufrido afectaciones por la presencia de pasivos ambientales en la zona.

La primera socialización se llevó a cabo en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en las instalaciones de la Asociación Minera Bella Rica. El segundo encuentro se desarrolló en la parroquia Tenguel, en el Centro de Atención Municipal;  las jornadas de trabajo contaron con la participación  de más 80 personas: autoridades locales, representantes de empresas privadas, profesores, estudiantes y sociedad civil.

Javier Armijos, jefe de la Unidad Ambiental del GAD de Ponce Enríquez, manifestó su compromiso para coordinar acciones con el MAE. “En esta presentación vi que los proyectos planteados son beneficiosos para la comunidad, nosotros vamos a seguir trabajando y fortaleciendo las acciones interinstitucionales a favor de toda la población del cantón”.

Juan Carlos Dueñas, director técnico del PRAS, invitó a los involucrados a comprometerse con la implementación de cada uno de los proyectos del Plan de Reparación Integral. “Es necesario que la gente se apropie de este plan de trabajo y participe de manera mancomunada con las autoridades cantonales y parroquiales para que puedan monitorear los avances”.

El Plan de Reparación Integral de Tenguel – Camilo Ponce Enríquez se construyó como una herramienta metodológica para la aplicación de la Política Pública de Reparación Integral que busca la gestión de pasivos ambientales a través de la restitución de los derechos de la naturaleza y de más de 30 mil personas que habitan en la zona de estudio.

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