Fecha de publicación 7/08/13 1:13
Durante el torrencial invierno en la provincia del Azuay de 1993, el 29 de marzo el cerro Tamuga colapsó produciendo un deslave de tierra de aproximadamente 30 millones cúbicos de tierra y material pétreo azotó el lugar provocando el taponamiento de la cuenca del río Paute y Jadán, formando un lago de más de 200 millones de metros cúbicos. Dejó a su paso cientos muertos, la destrucción masiva de infraestructura y millones en pérdidas. El 1 de mayo del mismo año la erosión regresiva ocasionada por la acumulación de reservas hidrográficas ocasionó que la represa colapse desfogando un caudal de 10000 m3 por segundo (comparada con la fuerza del río Guayas), destrozó el fértil valle del Paute con un alcance aproximado de 1800 hectáreas de terreno.
Sendas casas, vías de ferrocarril y carreteras sepultadas son el testimonio mudo del furor de la naturaleza, acontecimiento catastrófico acaecido en el austro ecuatoriano hace más de 18 años. Durante este tiempo se tomaron varias medidas de acción tal como la creación del Consejo de Programación de obras de Emergencia en la Cuenca del río Paute y sus afluentes, COPOE, las obras de rehabilitación hidrogeológica acuerdos con la Unión Europea, pero el peligro continúa latente.
En busca de una solución categórica, el Gobierno ecuatoriano mediante Decreto Ejecutivo No. 389, estableció el estado de excepción en la Zona 1 de la Josefina de la Provincia del Azuay. Además dispuso al Ministerio del Ambiente que efectúe la declaratoria de utilidad pública de los inmuebles ubicados en la zona e inicie el proceso de expropiación de ser el caso.
De esta manera en agosto del 2010 el Ministerio del Ambiente a través del Programa de Reparación Ambiental y Social resuelve de carácter urgente e inmediato la declaración de utilidad pública y la expropiación inmediata de los predios ubicados en la zona entredicha. Desde este instante los trámites y los esfuerzos legales del PRAS-MAE para el caso se iniciaron. Se estableció un equipo especializado que encabezara el proceso, se contrató a una unidad interdisciplinaria de competencia legal y técnica y su oficina se la ubicó en el cantón Paute.
La información proporcionada por la Dirección Nacional de Avalúos y catastros, DINAC, y la correspondiente en los registros de la propiedad de cada cantón involucrado presentan serias diferencias, por lo que el equipo ha tenido que realizar levantamiento de información en campo, propietario por propietario y socializando la tarea con los actores legales involucrados. Conjunto a la DINAC se firmó un acuerdo interinstitucional para la contratación de una consultora que realice el levantamiento de información en la zona para la correcta y responsable consecución del litigio.
Se consignaron $334.000 aproximadamente en las cuentas de los Juzgados, correspondiente al fondo para el pago de los predios. Dicha prima será transferida a la cuenta de los propietarios una vez que el litigio disponga la sentencia. Se ha trabajo con premura y estricto apego a la ley en beneficio de los actores involucrados, siempre buscando agilizar las acciones emprendidas.
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