Fecha de publicación 14/05/21 15:00
El peritaje ambiental es un procedimiento técnico – científico que permite identificar a través de la investigación y metodologías específicas, qué tipo de afectación se ha producido en la naturaleza y sus componentes bióticos (flora y fauna) o abióticos (suelo, aire, agua), como consecuencia de actividades humanas, ejecutadas de manera antitécnica a nivel ambiental.
Un peritaje ambiental comienza generalmente con un pedido por parte de Fiscalía, en el que solicita se realicen análisis, identificaciones, georreferenciación para determinar por ejemplo si se ha invadido áreas protegidas, si se ha afectado especies vegetales con tala de árboles, si habido tráfico de especies silvestres, entre otras, de acuerdo al presunto delito ambiental.
Los peritos ambientales realizan las pericias solicitadas y generan un informe pericial que debe ser defendido en audiencia, a fin de facilitar a los operadores de justicia, experticias sobre temas que no manejan en el ámbito de sus competencias. De esta manera, el sistema judicial puede ejercer su labor, determinar la responsabilidad del daño, aplicar las sanciones respectivas y hasta incluir en la sentencia, la reparación de los daños ambientales.
El Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS, a través de peritos ambientales acreditados ante el Consejo de la Judicatura, ha desarrollado desde el 2012 hasta la actualidad, 102 inspecciones periciales a nivel nacional en ámbitos como: minería, hidrocarburos, biodiversidad, descargas de aguas residuales domésticas, gestión de químicos misceláneos, tráfico de mercurio, entre otras. A partir de estos peritajes ambientales se han generado 130 informes periciales, 25 rendiciones de testimonio y 19 sentencias favorables.
La información pericial por lo tanto es útil en procesos judiciales para determinar sentencias por delitos ambientales.
DATO EXTRA
En términos generales, las sanciones por daños ambientales se encuentran tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y van en un rango de uno a tres años de prisión si se determina daño grave.
