Data de publicación 6/9/15 3:17 AM
Peritos ambientales del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) y de la Dirección Provincial del Azuay del Ministerio del Ambiente, realizaron una visita técnica al cantón Sígsig, provincia del Azuay, para verificar si se han erradicado las actividades de minería ilegal en el sector.
A finales de 2013, siete procesados por delito ambiental aceptaron su responsabilidad y manifestaron su voluntad de reparar el daño ambiental que cometieron en el Bosque Protector de la cuenca del río Paute ante el Segundo Tribunal de Garantías Penales del Azuay.
En ese mismo año, los acusados presentaron ante el Tribunal de Garantías Penales del Azuay una solicitud de suspensión condicional del procedimiento, una medida alternativa de mediación que considera el cumplimiento de ciertas condiciones a fin de que los acusados puedan reparar el daño causado, manteniendo su libertad.
El Tribunal puso a consideración de la Fiscalía y del Ministerio del Ambiente (MAE) la solicitud de los acusados. Las dos instituciones aceptaron, teniendo en cuenta que los implicados deberán aplicar un Plan de Reparación, validado por el PRAS, y que considera los aspectos de restauración y compensación social.
La inspección técnica permitió verificar el estado actual de los campamentos que fueron intervenidos en 2013 y evidenciar el proceso de revegetación natural a partir de la suspensión de actividades de minería ilegal en la zona. El equipo de técnicos del MAE, constató que el área donde estaba asentado el campamento 5, posterior al cese de actividades, no se ha recuperado aún, puesto que no se evidencia regeneración natural de especies vegetales nativas y propias del sector, debido a que continúan las actividades extractivas ilegales, según los indicios hallados en el sitio.
En el campamento 4 se pudo evidenciar la existencia de espacios que son utilizados para dormir y cocinar. También se halló ropa de neopreno, carpas y productos explosivos como dinamita.
Para cumplir con esta pericia los técnicos del PRAS tuvieron que realizar una caminata de aproximadamente siete horas que los internó en la profundidad del bosque protector. Con este antecedente, el Ministerio del Ambiente tomará las medidas legales respectivas para que los implicados respondan ante la Fiscalía General del Estado sobre el cumplimiento y ejecución de las actividades que tenían que obligatoriamente realizar, al haberse amparado en la suspensión condicional.
